La fotovoltaica se enfrenta a una semana capital. Pasado mañana, 24 de noviembre, concluye el plazo para recurrir ante el Supremo la reclamación patrimonial al Estado por los daños causados por la incertidumbre regulatoria y porque creen que el Ejecutivo ha dañado la imagen de esta industria, al imponer decretos retroactivos que no favorecen la inversión.
Así, miles de promotores, productores y grandes empresarios, pertenecientes a las diferentes asociaciones, van a presentar mañana las correspondientes demandas de la mano de varios despachos de abogados, entre los que se encuentran KPMG, Cuatrecasas, Piet Holtrop, Allen & Overy, Garrigues Medio Ambiente y Promein Abogados. Por ejemplo, Piet Holtrop, en declaraciones a elEconomista, explicaba que su firma llevará "los casos de entre 1.300 y 1.500 instalaciones. Entre ellas, los de unos 900 titulares. Muchos pequeños, con instalaciones de entre 5 y 6 kilovatios pico, y entidades que tienen entre 3 y 12 megevatios".
Socios de APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables), Anper (Asociación Nacional de Productores de Renovables) o de Asif (Asociación de la Industria Fotovoltaica), así como numerosos titulares que no están asociados con nadie han decidido plantar cara al, todavía, ministro de Industria, Miguel Sebastián.
El principio de todo
Es una de las batallas pendientes que tiene esta industria, desde que el año pasado, en vísperas del día de Nochebuena, el Gobierno decidiera aprobar el Real Decreto 14/ 2010 para reducir los costes del sistema eléctrico. Y que se traducía en que esta energía se quedaría sin primas y pasaría a cobrar a precio de mercado (siempre mucho menos cuantioso que los anteriores incentivos).
Tal fue la conmoción generada por ello, que se abrieron seis frentes judiciales. Por ejemplo, a las numerosas denuncias por el recorte de horas de producción, se sumaron los recursos de Murcia y de Valencia ante el Consitucional por ese asunto. Y también las denuncias por la retirada de primas a las plantas que se sospechaba fraudulentas (por el mero hecho de no haber contado con algunos recibos o facturas), el recurso ante el Supremo por la reducción de incentivos aprobada en noviembre de 2010 y el arbitraje internacional por fondos de inversión que, como adelantó elEconomista, reclaman indemnizaciones de hasta 600 millones de euros.
A ello hay que añadir la impugnación por las liquidaciones retroactivas. Un tema más que espinoso, según fuentes de elEconomista, si la CNE (Comisión Nacional de la Energía) decide tomar cartas en el asunto y, finalmente, se elimina definitivamente esa posibilidad de recurrir ante la Justicia.
Mientras, tal y como publicó este diario la semana pasada, catorce fondos de inversión del sector fotovoltaica presentaron en Londres la reclamación contra el Gobierno español por el hachazo que supuso el recorte de las retribuciones.
Los demandantes internacionales llegaron a nuestro país con la confianza de obtener ingresos estables a largo plazo, y se encontraron con que, después de haber invertido unos 2.000 millones de euros, el Ministerio de Industria decidía dar un golpe de gracia que les arruinaría el negocio.
